Por Juan Ibargüengoitia

En conversación con José Antonio Fernández en el Tren de Entrevistas #JuntosALas9DeLaMañana que se transmite de lunes a viernes en vivo por RevistaPantalla vía FB y YouTube, los actores de doblaje Carlhillos, PP Wilchis e Ismael Larumbe coincidieron en que se necesita una Ley que proteja de la competencia desleal al doblaje de series y películas hecho en México.

• Resulta, explican, que el doblaje que se realiza fuera de México lo venden a productores y distribudores con tarifas por debajo de la rentabilidad, llegan a cobrar hasta 15 dólares el minuto de doblaje, cuando la tarifa está entre setenta y ochenta dólares. La baja es exagerada.

• La tarifa de 15 dólares el minuto de doblaje la consiguen porque hay compañías que incluso llegan hasta a cobrarle a los actores por su participación en el doblaje de películas y series, o simplemente no pagan a actores y actrices bajo pretexto de venderles su participación como una oportunidad de aprendizaje.

Los actores de doblaje están convencidos de que la Ley de Doblaje debe existir, porque todos los contenidos que llegan a México se doblan al español y esa actividad no tiene regulación alguna.

Por José Antonio Fernández

Con la productora Mónica Lozano al frente, la Academia de Cine crece en prestigio en tiempos de Covid-19.

• La Academia ha sido muy proactiva, primero se hizo presente de la mano de Netflix para apoyar a más de 1,000 trabajadores del cine con una ayuda única de 25,000 pesos.

• Y apenas hace unos días anuncia que las productoras independientes, junto con cineastas como Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro y el publicista Raúl Olvera, reunieron un fondo para otorgar también apoyos únicos a profesionales de la industria del cine por 20,000 pesos, entrega única.

• La Academia coordina a los elegibles y las entregas, importante que todo sea muy escrupuloso y transparente y que nadie se quede afuera de los apoyos.

Ahora que en México se ha anunciado el semáforo para poder regresar a la llamada nueva normalidad, es necesario que por un tiempo las salas de cine, los teatros y las salas de concierto encuentren fórmulas para abrir sus taquillas al público.

• El cine y el teatro se han visto muy afectados por la reciente pandemia, ahora se planea ir abriendo paulatinamente comercios y centros de entretenimiento aplicando ideas que cumplan con la Susana Distancia.

• Se han mencionado varias opciones, como el que se dé un boom de autocinemas.
  • Por su parte, las salas de cines deberían dejar espacios libres entre cada asiento, al menos de 2 metros de distancia para respetar la Susana Distancia.

  • Entre cada función se deberá sanitizar cada sala.

  • Además, cada espectador que acuda deberá respetar el uso de cubrebocas.

  • El personal de las salas de cine y la dulcería de igual forma tendrá que respetar los lineamientos de Susana Distancia.

Por Juan Ibargüengoitia

Las Fake news no se frenan, han proliferado en tiempos de pandemia. Cierto, hacen daño, las Fake news son los chismes del pasado, lo que importa es corroborar si son ciertos o no.

• Ya he mencionado antes que las televisoras deben abrir secciones de Verificados en sus noticieros, aún no lo hacen.

• Las Fake news ayudan a que WhatsApp, su territorio más fértil, y Twitter tengan gasolina para estar en boca de la opinión pública todo el día, pero no ayudan en nada a la tele ni al cine.

• La tele y el cine deben hablar de las Fake news pero con el objetivo de desmentirlas o confirmarlas, solo así se meterán en la conversación. Es un error cuando los noticieros de televisión divulgan Fake news, eso solo los desprestigia.

Para combatir las Fake news es necesario primero comentarlas y al mismo tiempo no compartirlas. Y, cuidado: no todas las noticias escandalosas y ridículas son Fake news.

Por Juan Ibargüengoitia

El gobierno de AMLO se ha resistido a producir campañas publicitarias con spots para explicar a la población cómo comportarse en tiempos de Covid-19, aún cuando tuvieron un gran acierto al presentar a Susana Distancia, personaje que incluso fue pedido por Disney.

• Sin campañas publicitarias tipo spoteo, lo que por fortuna existe hoy es el equivalente a la Susana Distancia en tiempos de apertura, me refiero al Semáforo de 4 colores.

• Bien a bien, creo que nadie comprende del todo el Semáforo de cuatro colores que se aplica para dar a conocer la gradualidad de la apertura, sin embargo al igual que Susana Distancia es un acierto de comunicación.

• Y digo que es un acierto de comunicación porque está claro que en rojo es máxima alerta y casi todo cerrado. El Naranja es que todo se empieza a abrir con capacidades menores. El amarillo es una apertura mayor y el verde significa total apertura.

• Las escuelas abren en semáforo verde.

• Yo insisto en que el gobierno de AMLO debe producir spots como los que hizo para indicarle a la población la importancia de lavarse las manos, no tocarse la cara y la Susana Distancia.

Hoy lo importante es que el Semáforo de Cuatro Colores logró ya crear un lenguaje que todo el país puede entender, y eso es ya una ventaja. La idea del Semáforo de Cuatro Colores es de Marcelo Ebrard, el mismo AMLO le dio crédito en una Mañanera.

Por Lucía Suárez

En 2016 explotó un pleito legal entre la empresa TeleFácil y el IFT, léase gobierno de México.

• El pleito escaló, la compañía TeleFácil sostenía su argumento: el gobierno mexicano había destruído su inversión en el país.

• Los recursos legales formaron una bola de nieve hasta llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, instancia jurídica que forma parte del Banco Mundial.

• Apunta el IFT: el resultado de este arbitraje representa un gran logro para el Estado mexicano, cuya defensa fue coordinada por la Secretaría de Economía y se contó con el apoyo técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
• El Tribunal arbitral del TLCAN confirmó que no hubo expropiación, ni se violó la obligación del Estado de otorgar trato justo y equitativo a los inversionistas de Tele-Fácil, por lo que no procede el pago que demandaba esta empresa por 472 millones de dólares.

• El laudo condena a los inversionistas a pagar a México 2 millones de dólares por gastos derivados de la defensa en el arbitraje encabezado por la Secretaría de Economía.

• El 5 de junio de 2020, un tribunal internacional establecido conforme el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional rechazó las reclamaciones por parte de los inversionistas y la empresa Tele-Fácil en contra de los Estados Unidos Mexicanos, superiores a 472 millones de dólares.

• Como antecedente, el 27 de abril de 2016, el Sr. Joshua Dean Nelson, inversionista de la empresa Tele Fácil México, S.A. de C.V. inició un arbitraje inversionista-Estado al señalar que determinadas medidas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y decisiones de juzgados y tribunales especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) destruyeron su inversión en el país.

• El 17 de junio de 2020, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, hizo público el laudo a favor de México.

• El tribunal determinó que la defensa encabezada por la Secretaría de Economía, con el apoyo técnico del IFT, demostró que las medidas reclamadas por el Demandante no constituyeron una expropiación ni son violatorias de la obligación de otorgar trato justo y equitativo a inversionistas extranjeros, ni constituyen una denegación de justicia, conforme al Capítulo XI del TLCAN.

• El Laudo arbitral confirma que, aun cuando inversionistas extranjeros no compartan o estén de acuerdo con las determinaciones de autoridades especializadas en la materia o con las decisiones de tribunales locales, este tipo de hechos no equivalen a una violación de obligaciones internacionales por parte de México.

• Además, el Tribunal condenó al inversionista principal al pago de dos millones de dólares en favor del Gobierno de México, por concepto de gastos incurridos en el arbitraje